En mayo de este año presentamos, ante ambas cámaras legislativas de Entre Ríos, un pedido de acceso a la información pública, solicitando se informe de manera accesible a toda persona interesada (vale decir, con publicación en la web), los contratos de locación de obra y de servicio realizados por las Cámaras durante los años 2022, 2023 y 2024; el listado completo de personal de planta permanente y el listado de destinatarios de subsidios.
Ninguna de las Cámaras contestó el pedido. Desde “Entre Ríos Sin Corrupción” se promovió, entonces, dos acciones de amparo para que se ordene a las Cámaras proporcionar esa información no sólo a los peticionantes, sino haciéndolo de manera que cualquier ciudadano pueda acceder a la misma.
Pese a que en la provincia de Entre Ríos no hay ley de acceso a la información pública, la Constitución provincial del año 2008, dedicó dos artículos a reconocer este derecho y hacerlo operativo, por lo que ambas acciones de amparo fueron receptadas positivamente en primera instancia. Aunque fueron recurridos por las demandadas.
El 16 de Septiembre, el Superior Tribunal de Justicia confirmó los fallos de primera instancia y ordenó (aquí y aquí) a ambas Cámaras legislativas que proporcionen la información solicitada en el término de 15 días hábiles, enfatizando que el nombre, DNI, identificación tributaria o laboral, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, nunca pueden ser considerados datos reservados.
Dando un paso gigante en pos de la transparencia de la gestión pública, la Cámara de Diputados provincial, el pasado lunes 30 de septiembre, acató el fallo y publicó en su sitio web toda la información solicitada.
El viernes 4 de septiembre, dejando de lado una resolución con la que los senadores habían anunciado un posible recurso ante la CSJN para evitar cumplir el fallo, finalmente también accedieron a difundir la información, publicando en la página web del senado provincial todos los datos solicitado.
Con ello, la provincia de Entre Ríos se convierte en la primera de todas las provincias argentinas en transparentar los datos de las contrataciones de personal de sus cámaras legislativas.
A partir de ello, el periodismo independiente ha comenzado a analizar esta información, mostrando a la opinión pública posibles situaciones de abuso o de nepotismo (ver por ejemplo aquí y aquí), permitiendo así a la ciudadanía estar al tanto no sólo de la aplicación de los fondos públicos, sino también de los vínculos personales y funcionales que pueden incidir sobre las decisiones de los funcionarios.
La corrupción se hace posible y prospera en la desconfianza y el desánimo de las mayorías, que observan afligidos e impotentes que algunos se aprovechan injustamente de los sacrificios de todos.
Sabemos ahora, que si bien hay mucho por hacer, una parte no menor está en manos y al alcance de los ciudadanos.
Nota Completa